LA MAYORIA DEL PP EN EL SENADO POR LA DESIGUALDAD DEL VOTO
En el debate que desde el Colectivo hemos abierto sobre la ley electoral, aportamos un artículo de nuestro compañero y uno de los promotores de este grupo, Xavier Cassanyes que aporta argumentos interesantes para la reflexión.
El candidato Núñez Feijóo, se lanzó al ruedo de la investidura por necesidad de tener protagonismo y afianzar su liderazgo en el PP. Su estrategia para validarse como líder de la alternativa de derechas es desprestigiar a Sánchez acusándole de sectarismo contra los intereses de España.
En la Investidura de Pedro Sánchez insiste en su mayoría y se autobomba como portavoz de los
“legítimos” valores de España. Y de la Constitución, que el partido germen de
PP, Alianza Popular, votó por los pelos. De los 16 diputados del AP, 8 votaron
a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron. Feijóo se llena la boca hablando de
igualdad de los españoles, pero obvia que se beneficia de una ley electoral favorable
a las ideologías conservadoras y uniformadoras; que prima a su partido gracias
a que las circunscripciones electorales son las provincias; blindadas en la
Constitución.
Se erige en adalid de la España de las esencias, las autonomías mesetarias
de cultura netamente castellano-española, frente a la España periférica,
principalmente la mediterránea y vasca, que están por una lectura de España
multicultural y, aún, multinacional. El PP ha sido beneficiado por una ley
electoral que determina que con menos votos se consigan más escaños.
Refiriéndonos a los resultados de las elecciones del 23 de julio pasado, en
el Senado, los 120 senadores del PP han sido votados a razón de 235.952
votantes (de media por senador) en cambio los 88 restantes han costado (de
media) 440.460 votos cada uno. Y si exceptuamos la Comunidad de Madrid, donde
cada uno de los 4 senadores de elección por sufragio se consigue con 1.687.584
votantes, el coste de cada senador del PP estaría en 221.889 votos, la mitad de
lo que ha costado a las demás candidaturas.
Algunos datos respecto a la desigualdad del valor del voto de los españoles
en el Senado. Exceptuando la Comunidad de Madrid, que concentra 6.750.336 de
habitantes en una provincia, y por tanto el coste de cada senador elegido por
sufragio es escandalosamente caro, de 1.687.584; y los casos de La Rioja,
Melilla y Ceuta, en los que cada senador se consigue por un mínimo de votantes:
79.973, 42.585 y 41.559 respectivamente, la desigualdad de los españoles ante
la Ley es manifiesta entre las comunidades autónomas con más circunscripciones
electorales: las provincias, según la Constitución.
Esa injusticia, por discriminatoria hacia las provincias más pobladas,
supone que los españoles no son iguales ante la ley a la hora de votar. Por ejemplo,
el coste de cada senador en Catalunya es de 487.038 votos mientras que en
Andalucía cada senador se consigue (de media) con 256.631 votantes, casi un 90
por ciento menos.
En Euskadi, cada uno de los 12 senadores lo son porque ha sido votado por
184.014 ciudadanos (de media) en cambio los 36 senadores de Castilla y León han
sido votados por solo 65.907 votantes. La diferencia es que los ciudadanos
vascos valen, ante las urnas, que no es poca cosa, casi un tercio menos que los
de Castilla y León.
Los senadores de la Comunidad Valenciana son votados por 424.831 votantes
mientras que los 16 senadores de Galicia han sido votados por 168.154 cada uno.
El voto de los valencianos vale menos de la mitad que los gallegos.
Los 20 senadores de Castilla La Mancha han sido votados por 102.666
ciudadanos de la Comunidad y, en cambio en la Región de Murcia, al lado, cada
senador ha sido votado por 382.970 votantes. El voto de los murcianos vale casi
una cuarta parte del de los Castellano-manchegos.
En suma, el sistema electoral truca el resultado de las elecciones en
beneficio de las circunscripciones menos pobladas debido al mantenimiento de
las provincias en competencia con las autonomías que debieran ser el distrito
electoral de referencia a nivel nacional.
El Partido Popular consigue 95 de sus 120 escaños en el Senado en las
Comunidades donde el coste del senador es más bajo: Castilla León, Castilla La
Mancha, Aragón, Extremadura, Galicia y Andalucía, además de La Rioja, Melilla y
Ceuta.
¿Cómo hemos sacado los números? Dado que el voto al Senado es nominal al
candidato y cada elector vota a varios candidatos, a la hora de establecer la
representación teórica de cada senador por población hemos tenido en cuenta el
coste de cada escaño por Comunidad Autónoma, para simplificar.
Según esta regla, el PP ha conseguido 95 de los escaños del Senado
representando a 12.520.839 votantes. Por poner una comparación, la población de
Catalunya, Euskadi y Comunidad Valenciana con una población de 15.098.752
personas eligen por sufragio a 40 senadores, menos de la mitad: La prima
electoral a favor de las provincias menos pobladas es evidente.
Para el caso del Congreso la desigualdad en el valor del voto es similar, y
más conocida. Ya es un tópico comparar los 96.175 votos necesarios para
conseguir un diputado en Madrid con los 24.765 que cuesta en Teruel. O los
93.103 votantes por cada escaño en Valencia en comparación con los 46.899 en
Soria.
La evidencia es que el sistema electoral, en el que la circunscripción
electoral es el elemento discriminatorio fundamental, consolida la desigualdad
de los españoles ante la ley a la hora de votar. ¿Por qué no se corrige esa
clara discriminación? Entre otras cosas, por la extrema dificultad de modificar
la Constitución sin el concurso del partido opositor, precisamente el mayor
beneficiario del sistema. Pero existen opciones legales que permitirían
corregir esta situación.
Xavier Cassanyes
Garcia
Analista Político, autor de “La España que Sí puede Ser” Ed. Síntesis.
Madrid. 2015
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