EN APOYO DE LA AMNISTIA PARA LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCES
Una de nuestras primeras reflexiones como colectivo giró en torno a lo que venimos llamando el proceso de la nueva Ley de Amnistiía que se está debatiendo actualmente. Nuestra posición ha quedado fijada en el siguiente artículo que ofrecemos a la opinión pública. Dichas conclusiones tras un fructífero debate obtuvo el apoyo del 75% de los participantes en el mismo.
El problema territorial en España es algo que siempre ha
estado presente desde tiempos muy lejanos en lo que se pudiera llamar la
formación de un Estado multinacional, en el que tuvieran cabida las diferentes
sensibilidades que lo forman.
El problema se remonta a muchos años atrás, pero lo que aquí
queremos hacer patente es lo ocurrido en épocas posteriores a la llamada
Transición en las que, con la elaboración de una nueva Constitución, que tocaba
muy de pasada el problema territorial, sí se daban pasos para aceptar un estado
formado por nacionalidades.
En lo que respecta a Cataluña, el punto de inflexión vino
derivado de un nuevo Estatuto de Autonomía, “el Estatut”, que supuso un cambio
de paradigma en todo lo que se había venido trabajando en años anteriores.
Este Estatut había sido aprobado por el Parlament, aprobado
en referéndum por los catalanes y por último ratificado por el Parlamento
español, en el que el PP no gozaba de mayoría. Sin embargo, el PP dio el primer
paso para la judicialización del problema, presentando una demanda de
inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, en el que ya se había
encargado de colocar a sus jueces “afines” en tiempos de su Gobierno.
Esta demanda fue aceptada por el TC el día 28/6/2010, creando
una situación de ruptura en la sociedad catalana, en la que se pasó del apoyo a
la vía “autonómica” a un claro apoyo al soberanismo por una parte importante de
los catalanes. Es decir, esta sentencia dio alas al independentismo.
Lo sucedido en años posteriores, no ha venido si no a
aumentar ese sentimiento de ruptura con el Estado español. Con el PP en el
Gobierno, lo que se hizo fue radicalizar a la población catalana y aumentar
esos sentimientos, al no dar ningún tipo de salida política al problema.
Los hechos acaecidos a partir del 1 de octubre de 2017
aumentaron ese problema más aún. La respuesta dada por el gobierno del PP, con
una actuación en muchos casos desorbitada de las Fuerzas de Orden Público, más
las respuestas dadas llevando el problema al terreno de lo judicial, con total
desprecio de la acción política, encresparon las posiciones.
En definitiva la situación actual es que, fruto de esas
acciones judiciales un tanto desmesuradas según muchos juristas y con dudas
razonables por parte de los tribunales europeos, existen alrededor de 1500
personas en procesos judiciales que pueden verse afectados por penas de
diferente índole.
La situación que creó el mal hacer del gobierno del PP, desde
sus inicios presentando demanda en el TC hasta cómo se manejaron los procesos
siguientes llegando a la explosión del 1-O y su posterior tratamiento judicial,
no ha podido ser más desafortunada y nos ha llevado a un estado que no ha
podido ser manejable políticamente.
En ningún caso el PP ha ofrecido algún tipo de alternativas
para reconducir la situación que ellos mismos crearon, tanto durante el último
periodo electoral, como en el proceso que llevó a la investidura fallida de
Feijoo y tampoco durante los tiempos que siguieron. Nada se sabe en lo
referente a lo que ofrecen para una solución de los problemas que existen en
Cataluña, salvo sus negativas a las propuestas que ofrecen otros partidos,
incluida la de la amnistía.
Un paso importante, que de alguna forma modificó esta
situación, fueron los indultos, aprobados
por el Gobierno de coalición PSOE-UP en junio de 2021, que inició un cambio de
tendencias en la situación en Cataluña. Fruto de ello es el resultado de las
últimas elecciones, en las que los resultados de los partidos claramente
independentistas han decrecido de forma clara y manifiesta, la situación social
en Cataluña se ha estabilizado y se abrieron márgenes de entendimiento entre el
Gobierno del Estado y la Generalitat y los partidos que la apoyan.
El problema judicial.
El proceso que se está siguiendo entre la judicatura española
y los tribunales europeos (TJUE y TEDH), hacen peligrar la posición española y
la visión que se tiene de su funcionamiento más allá de nuestras fronteras y
dejan a los órganos judiciales en una situación que puede derivar en un gran
descrédito por sus actuaciones. En realidad, en la UE Estados y Tribunales de
los países más significativos, han ignorado las peticiones de los jueces
españoles y en particular las del Tribunal Supremo. Esta situación ya ha
ocurrido en el pasado, como pueda ser la sentencia del caso Parot y en el caso
de las inversiones en energías renovables. La no renovación del CGPJ después de
cinco años, tampoco añade nada positivo al descrédito de nuestra Justicia en
Europa.
Una Ley de Amnistía
´´Én esta situación, una Ley de Amnistía para los implicados en el “proces”, podría satisfacer los siguientes objetivos:
-
Sacar
del atolladero a la judicatura española frente a los procesos que se siguen en Europa,
que podrían conllevar una situación un tanto vergonzosa a los tribunales españoles
si, como no sería descartable, estos en sus sentencias les “sacan los colores”.
-
Apoyar
a una reforma del Poder Judicial, adaptándolo a las exigencias de nuestra
pertenencia a la UE.
-
Reparar
una actuación judicial posterior al 1-O, definida por muchos juristas como
desmesurada y fuera de contexto en sus sentencias.
-
Devolver
un clima de tranquilidad y de diálogo a la sociedad catalana en donde las
partes se sienten, se escuchen y lleguen a acuerdos.
-
Sacar
el problema de la judicialización y llevarlo al terreno político del que nunca
debió salir.
-
Ayudar
a afrontar la reforma estructural de los territorios del Estado, desde una
visión política y de entendimiento.
-
La
posible Amnistía en ningún caso se sale de lo que dicta la Constitución. Los
redactores de esta no la mencionaron, lo que no quiere decir que no sea
posible, si no que dejan al legislador su posible aplicación.
-
Las
Amnistías no son algo nuevo en nuestro pasado y han sido aplicadas en
diferentes situaciones, sin que nadie se haya rasgado las vestiduras y haya
anunciado con ello la destrucción de nuestro país.
-
Las
amnistías se aplican habitualmente en los ordenamientos de países como el
nuestro en Europa. Existen casos cercanos y recientes de su aplicación.
-
En
definitiva, la Amnistía lo que haría sería retrotraernos a la situación previa
a la aprobación del Estatut, en donde el sentimiento independentista era
minoritario y en donde se miraba con esperanza un marco de relaciones
satisfactorias entre el Gobierno Central y los de los territorios,
fundamentalmente en las nacionalidades históricas.
-
Por
último, la Amnistía abre puertas a la formación de un Gobierno de progreso, en
forma transversal y que aglutina en su apoyo a la investidura de Pedro Sanchez
a todas las fuerzas que se oponen a un posible Gobierno formado por la derecha
y la ultraderecha, incluyendo a todos los territorios y nacionalidades, algo
nuevo y positivo en nuestra democracia.
-
Quedan
por conocerse las cuestiones prácticas en su aplicación y que tendrán que estar
incluidas en la Ley que el Gobierno en funciones presente a la sociedad, pero
que, por las razones expuestas, en ningún caso quitarían valor a esta
iniciativa.
-
Ayudar
a afrontar la reforma estructural de los territorios del Estado, desde una
visión política y de entendimiento.
-
La
posible Amnistía en ningún caso se sale de lo que dicta la Constitución. Los
redactores de esta no la mencionaron, lo que no quiere decir que no sea
posible, si no que dejan al legislador su posible aplicación.
-
Las
Amnistías no son algo nuevo en nuestro pasado y han sido aplicadas en
diferentes situaciones, sin que nadie se haya rasgado las vestiduras y haya
anunciado con ello la destrucción de nuestro país.
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Las
amnistías se aplican habitualmente en los ordenamientos de países como el
nuestro en Europa. Existen casos cercanos y recientes de su aplicación.
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En
definitiva, la Amnistía lo que haría sería retrotraernos a la situación previa
a la aprobación del Estatut, en donde el sentimiento independentista era
minoritario y en donde se miraba con esperanza un marco de relaciones
satisfactorias entre el Gobierno Central y los de los territorios,
fundamentalmente en las nacionalidades históricas.
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Por
último, la Amnistía abre puertas a la formación de un Gobierno de progreso, en
forma transversal y que aglutina en su apoyo a la investidura de Pedro Sanchez
a todas las fuerzas que se oponen a un posible Gobierno formado por la derecha
y la ultraderecha, incluyendo a todos los territorios y nacionalidades, algo
nuevo y positivo en nuestra democracia.
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Quedan
por conocerse las cuestiones prácticas en su aplicación y que tendrán que estar
incluidas en la Ley que el Gobierno en funciones presente a la sociedad, pero
que, por las razones expuestas, en ningún caso quitarían valor a esta
iniciativa.
Colectivo de
Pensamiento y Debate Crítico
(Ateneo Republicano)
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