Vivienda: Derecho sí, especulación no.
Uno de los problemas más importantes que tenemos en el Estado es el de la vivienda, su acceso y que la ciudadanía pueda ejercer el derecho Constitucional de acceder a ella. Uno de nuestros miembros Javier Madrazo reflexiona en torno a esta situación desde la experiencia que le dió ser Consejero de Vivienda en el País Vasco. Allí puso en marcha políticas y actuaciones hasta entonces muy novedosas en aquel territorio.
Se han encendido todas las alarmas. Para la
mayoría, el acceso a la vivienda se ha vuelto imposible. Excepto para unidades
convivenciales con dos buenos salarios o personas que cuenten con ayuda
familiar. Los poderes públicos tienen la obligación de dar respuestas efectivas
para garantizar el derecho a disponer de un lugar digno en el que poder vivir.
No es un reto fácil y puedo dar fe de ello en mi condición de consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales entre 2001 y 2009.
No es mi intención dar lecciones ni tampoco
cuestionar la voluntad del Ejecutivo vasco para atender el drama de quienes no
pueden hacer frente ni a la compra ni al alquiler. Pienso especialmente en los
más jóvenes y en las familias trabajadoras, condenados a un futuro incierto por
carecer de los recursos mínimos para afrontar una hipoteca o una renta, que en
muchos casos superan incluso sus ingresos mensuales.
Hay razones fundadas para la movilización y son
comprensibles las exigencias a las instancias responsables para que actúen con
valentía en esta materia. Izquierda Unida-Ezker Batua lo hizo en su momento y
abrió un camino que sentaba las bases para promover una política de vivienda
pública alternativa a la seguida hasta entonces. Puede ser cierto, como ha
reconocido el actual consejero, que no cabe esperar milagros. Generar
expectativas es un error; lo comparto. Sin embargo, esta afirmación supone un
jarro de agua fría para miles y miles de personas en Euskadi.
Es verdad que no existen milagros, pero también
que hay políticas que cronifican el problema, y otras que contribuyen a dar
respuestas eficaces para avanzar en la solución. Las últimas declaraciones del
lehendakari, Imanol Pradales, no invitan al optimismo al poner de manifiesto
que no apuesta, con carácter prioritario, por la consolidación de un gran
parque público de vivienda en alquiler. Es tiempo de dar pasos hacia adelante.
De pasar de las palabras a los hechos. A todo gobierno se le debe evaluar en
función de los resultados. Es clave que el Ejecutivo impulse, especialmente en
materia de alquiler, una hoja de ruta clara.
El Gobierno Vasco confía en poner en el mercado
en los próximos cuatro años 7.000 viviendas en alquiler protegido. Es una
propuesta ambiciosa, que aplaudo, teniendo en cuenta que en la última década el
número de construcciones iniciadas en este régimen se sitúa en 5.251. Con
voluntad, compromiso, presupuesto, políticas progresistas y mucho esfuerzo es
un objetivo alcanzable. Entre 2001 y 2009, coincidiendo con la presencia en el
Ejecutivo de IU-EB, se inició la construcción de 9.718 viviendas protegidas
para alquiler asequible. Pusimos en marcha importantes líneas de ayudas para
implicar al conjunto de operadores (Gobierno, ayuntamientos y promotores
privados) en el impulso al alquiler protegido.
El consejero actual se ha declarado a favor de
revisar los protocolos de intermediación en la transmisión de las viviendas
protegidas, para incorporarlas al parque público mediante su adquisición por
parte del Gobierno Vasco a precio tasado y su puesta en régimen de alquiler
asequible. Cuenta con la calificación permanente de la vivienda protegida, que
aprobamos en 2003, iniciativa fundamental para generar una bolsa de vivienda
protegida sujeta a control público.
Aunque llega demasiado tarde, me alegra que el
Gobierno del Estado se esté planteando incorporar la calificación permanente
para evitar la especulación con un bien público. Resulta inadmisible e inmoral
que, al cabo de 20 años, se pueda vender en el mercado libre un piso protegido,
construido con el dinero de toda la ciudadanía, favoreciendo el enriquecimiento
de unos pocos y debilitando el parque público destinado a los sectores más
desfavorecidos.
La otra gran línea de actuación en materia de
alquiler asequible es la de movilizar la vivienda vacía. En su día diseñamos
Bizigune, que posibilitó, en ocho años de mandato, poner en el mercado de
alquiler asequible 4.000 viviendas vacías. Un ritmo de captación que
lamentablemente se ha ralentizado hasta gestionar este programa en la
actualidad alrededor de 7.400 viviendas. A las administraciones les urge
disponer de un parque público potente de alquiler asequible para paliar una
demanda que no se satisface con paños calientes ni declaraciones
grandilocuentes. Facilitar el derecho a la vivienda es hoy una emergencia social.
Deseo suerte al nuevo Gobierno. En su mano está garantizar a quien lo demanda
un hogar en el que poder desarrollar sus proyectos personales y familiares.
Javier Madrazo Lavín
Exconsejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco (2001-2009) Publicado en El Diario Vasco
Sábado, 16
de noviembre 2024
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